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Un pacto de socios vincula, por regla general, solo a quienes lo firman y no es oponible a la sociedad. La prestación accesoria permite llevar su cumplimiento a los estatutos, de modo que obligue también a quienes entren después como socios y su incumplimiento pueda dar lugar a la pérdida de esa condición.

En muchas sociedades limitadas, los socios regulan sus relaciones en un pacto de socios o en un protocolo familiar. Se acuerdan reglas sobre la transmisión de participaciones, la toma de decisiones, la permanencia en la sociedad o la salida de los socios. Sin embargo, esos pactos tienen una limitación conocida. Por su naturaleza obligacional, solo vinculan a quienes los han firmado y no son oponibles a la sociedad, de modo que su incumplimiento no puede sancionarse, en principio, con mecanismos propios del Derecho de sociedades.

Una de las fórmulas utilizadas para superar esa limitación consiste en incluir en los estatutos una prestación accesoria cuyo contenido sea suscribir y cumplir el pacto de socios.

• Atención. Si su sociedad cuenta con un pacto de socios o protocolo familiar, conviene comprobar si sus previsiones están reflejadas en los estatutos. De no estarlo, su cumplimiento solo podrá reclamarse entre los firmantes.

Qué es una prestación accesoria

Las prestaciones accesorias son obligaciones de los socios distintas de las aportaciones al capital. Pueden consistir en dar, hacer o no hacer, y ser gratuitas o retribuidas. El artículo 86 de la Ley de Sociedades de Capital permite establecerlas en los estatutos, siempre que se exprese su contenido concreto y determinado, su carácter gratuito o retribuido y las eventuales cláusulas penales por incumplimiento.

Al tener carácter estatutario y constar en el Registro Mercantil, la prestación obliga a quien adquiera después las participaciones a las que va aparejada. El adquirente no necesita prestar un consentimiento adicional distinto del que supone adquirir la participación.

• Atención. La inscripción en el Registro Mercantil es lo que da a la prestación eficacia frente a futuros socios. Una cláusula no inscrita no produce ese efecto.

El pacto de socios y su limitada eficacia

El artículo 29 de la Ley de Sociedades de Capital dispone que los pactos reservados entre los socios no son oponibles a la sociedad. Esto significa que su incumplimiento no permite, por sí solo, excluir al socio, dejar sin efecto una transmisión ni impugnar acuerdos sociales, salvo supuestos excepcionales como el pacto adoptado por todos los socios.

Quien opta por mantener el pacto al margen de los estatutos renuncia también a la publicidad registral y a su oponibilidad frente a terceros que no intervinieron en su redacción.

• Atención. Que un pacto sea válido entre los firmantes no implica que pueda hacerse valer frente a la sociedad o frente a quienes lleguen después como socios.

Criterio de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública

La Resolución de 10 de junio de 2026 analiza el recurso interpuesto contra la negativa de un registrador mercantil de Sevilla a inscribir un artículo estatutario. La cláusula imponía a todos los socios, con independencia de su número de participaciones, la prestación accesoria de suscribir y cumplir fielmente el pacto de socios recogido en una escritura pública identificada con su notario, fecha y número de protocolo. La prestación era gratuita, y su incumplimiento, voluntario o involuntario, permitía a la sociedad excluir al socio conforme a los artículos 350 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, previo acuerdo de la junta general. El registrador suspendió la inscripción por considerar que el contenido de la prestación no constaba de forma concreta y determinada en los estatutos.

La Dirección General estimó el recurso y revocó la calificación. Su razonamiento puede resumirse así.

• No es exigible transcribir íntegramente el pacto en los estatutos. Basta con que la obligación esté objetivamente identificada y sea determinable, es decir, que su contenido pueda fijarse sin necesidad de un nuevo convenio y sin que dependa del arbitrio de una de las partes.
• Al constar el contenido en una escritura pública reseñada en los estatutos, puede ser conocido tanto por los socios actuales como por quienes pretendan adquirir participaciones.
• La falta de publicación del pacto en el Registro Mercantil no impide la inscripción. La publicidad de los protocolos familiares prevista en el Real Decreto 171/2007 es voluntaria y tiene valor de mera publicidad noticia.
• Quien desee entrar en la sociedad y no quiera asumir el riesgo de quedar vinculado por un pacto que desconoce puede condicionar la operación a que el vendedor le informe de su contenido.
• Este criterio ya figuraba en resoluciones anteriores, entre ellas las de 26 de junio de 2018, 11 de octubre y 29 de noviembre de 2024 y 3 de junio de 2026, y se ve reforzado por el artículo 11.2 de la Ley 28/2022 de fomento del ecosistema de las empresas emergentes.

Atención. El criterio exige que la escritura se identifique con precisión en los estatutos y que su contenido pueda conocerse. Una referencia imprecisa o a un documento no público puede dar lugar a la suspensión de la inscripción.

La resolución se pronuncia sobre un punto concreto, que es si puede ser objeto de prestación accesoria la obligación de suscribir y cumplir un pacto de socios identificado en escritura pública. No decide sobre la eficacia societaria del contenido de los pactos, que pueden ser de muy diversa índole.

Además, la transmisión de participaciones afectas a una prestación accesoria requiere autorización de la sociedad conforme al artículo 88 de la Ley de Sociedades de Capital. La Dirección General entiende que, con ello, el socio no queda atrapado en la sociedad, puesto que puede transmitir sus participaciones con las obligaciones que llevan aparejadas.

Consecuencias del incumplimiento

Una vez configurado el cumplimiento del pacto como prestación accesoria, su incumplimiento puede acarrear la pérdida de la condición de socio. La resolución se refiere tanto al incumplimiento voluntario, conforme al artículo 350 de la Ley de Sociedades de Capital, como al involuntario, cuando los estatutos prevean expresamente la exclusión, conforme al artículo 89.2.

En la cláusula examinada, la exclusión requería un acuerdo de la junta general, órgano competente para determinar la existencia y gravedad del incumplimiento, y no impedía a la sociedad reclamar los daños y perjuicios causados con abono del interés legal.

Actuaciones recomendadas

• Revisar si la sociedad cuenta con pacto de socios o protocolo familiar y qué previsiones convendría reforzar con efectos societarios.
• Formalizar el pacto en escritura pública, de modo que pueda identificarse con notario, fecha y número de protocolo.
• Redactar la cláusula estatutaria identificando la escritura, el carácter gratuito o retribuido de la prestación y las consecuencias del incumplimiento.
• Aprobar el cambio de estatutos con el apoyo de todos los socios, y comprobar que el pacto haya sido suscrito por todos ellos.
• Revisar el contenido del pacto, para evitar disposiciones contrarias a la ley o a normas imperativas.
• Informar a los socios y, en operaciones de transmisión, al comprador, de la existencia del pacto y de su carácter vinculante.
• Prever el procedimiento de exclusión y la intervención de la junta general.
• Consultar con el despacho antes de otorgar la escritura, para valorar el riesgo de calificación negativa.

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública admite que una sociedad limitada incluya en sus estatutos una prestación accesoria consistente en suscribir y cumplir un pacto de socios, siempre que este conste en una escritura pública debidamente identificada y su contenido sea determinable. Esta técnica permite dotar al pacto de eficacia societaria frente a futuros socios y reforzar su cumplimiento. El criterio no está exento de discusión en la práctica registral y judicial, por lo que conviene una redacción cuidadosa y un análisis previo de cada caso.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Es relativamente frecuente que una sociedad quiera adquirir las participaciones de un socio que desea abandonar la empresa. Sin embargo, no siempre puede hacerlo. La Ley de Sociedades de Capital establece importantes limitaciones para proteger tanto a los acreedores como al resto de socios.

En ocasiones, cuando un socio desea abandonar la sociedad, surge una idea aparentemente sencilla: que sea la propia empresa quien adquiera sus participaciones. Sin embargo, esta posibilidad está muy limitada por la Ley de Sociedades de Capital.

La razón es clara. Si una sociedad pudiera comprar libremente sus propias participaciones o acciones, podría verse reducido su patrimonio en perjuicio de los acreedores y alterarse el equilibrio existente entre los socios. Por ello, la adquisición de autocartera constituye una excepción y únicamente puede realizarse en los casos expresamente previstos por la normativa.

Existen diferencias entre las sociedades limitadas y las anónimas

Aunque ambas pueden adquirir participaciones o acciones propias en determinados casos, la regulación no es exactamente la misma.

En las sociedades limitadas el régimen es especialmente restrictivo. Solo pueden adquirirse participaciones propias en situaciones tasadas, como determinadas reducciones de capital, adquisiciones gratuitas, adjudicaciones judiciales o algunos supuestos relacionados con la separación o exclusión de socios, entre otros.

En las sociedades anónimas existe una mayor flexibilidad, aunque también deben cumplirse condiciones específicas relacionadas con la autorización de la junta, los límites patrimoniales y el porcentaje máximo de acciones que pueden mantenerse en autocartera.

La junta general suele desempeñar un papel fundamental

Muchas operaciones de autocartera requieren una autorización expresa de la junta general. En determinados supuestos será este órgano quien deba aprobar la adquisición, fijando aspectos esenciales como el número máximo de participaciones o acciones, el precio de adquisición o el plazo durante el que podrá ejecutarse la operación.

Esta intervención pretende garantizar la transparencia de la decisión y proteger el interés social frente a posibles actuaciones unilaterales de los administradores.

La sociedad no puede comprometer su equilibrio financiero

Uno de los principios básicos que inspira esta regulación consiste en evitar que la adquisición de autocartera debilite económicamente a la sociedad. Por ello, la Ley establece que determinadas adquisiciones solo podrán realizarse cuando, una vez ejecutadas, el patrimonio neto continúe siendo suficiente para cubrir el capital social y las reservas legalmente indisponibles.

En otras palabras, la sociedad no puede utilizar recursos esenciales para financiar este tipo de operaciones.

La autocartera no puede mantenerse indefinidamente

Cuando la sociedad adquiere participaciones o acciones propias, la normativa también fija plazos para decidir su destino. Dependiendo del supuesto concreto, será necesario transmitirlas nuevamente o amortizarlas mediante la correspondiente reducción de capital dentro de los plazos establecidos por la Ley. El objetivo es evitar que la autocartera se convierta en una situación permanente.

Mientras permanezcan en poder de la sociedad, los derechos quedan suspendidos

Las participaciones o acciones propias no funcionan igual que el resto. Mientras permanezcan en la cartera de la sociedad, los derechos políticos asociados a ellas quedan suspendidos. En consecuencia, no pueden utilizarse para votar en las juntas ni para alterar las mayorías sociales.

Además, la Ley exige dotar determinadas reservas contables mientras la autocartera permanezca en el activo de la sociedad.

La asistencia financiera también está prohibida

Otro aspecto que suele generar dudas aparece cuando un tercero desea adquirir participaciones de la sociedad.

Con carácter general, la sociedad limitada no puede financiar esa operación concediendo préstamos, anticipando fondos o prestando garantías para facilitar la adquisición de sus propias participaciones.

Esta prohibición pretende evitar operaciones artificiosas que, en la práctica, supongan una financiación indirecta por parte de la propia sociedad.

Las consecuencias pueden ser relevantes

Cuando una adquisición se realiza incumpliendo los requisitos legales, las consecuencias pueden ir mucho más allá de una simple incidencia administrativa. Dependiendo del caso, la operación puede resultar nula, obligar a la enajenación o amortización de las participaciones, exigir reducciones de capital e incluso generar responsabilidades para los administradores cuando no adopten las medidas previstas por la Ley.

Por este motivo, este tipo de operaciones deben planificarse cuidadosamente antes de formalizar cualquier acuerdo.

Situaciones en las que conviene revisar la normativa

La regulación sobre autocartera cobra especial importancia cuando se producen situaciones como:

• La salida voluntaria de un socio.
• Conflictos entre socios.
• Herencias de participaciones sociales.
• Exclusión o separación de socios.
• Reducciones de capital.
• Reestructuraciones societarias.
• Procesos de reorganización del accionariado.

En todos estos supuestos resulta aconsejable estudiar previamente cuál es la alternativa jurídica más adecuada antes de que la sociedad adquiera directamente las participaciones.

Recomendaciones

Las operaciones de autocartera constituyen una de las materias más técnicas del Derecho societario. Antes de que una sociedad adquiera participaciones o acciones propias conviene analizar el tipo de sociedad, el motivo de la operación, la situación patrimonial, los acuerdos sociales necesarios, el tratamiento contable y las consecuencias fiscales.

Una planificación adecuada permite evitar nulidades, responsabilidades para los administradores y futuras incidencias registrales, garantizando que la reorganización del capital social se realice con plena seguridad jurídica.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,

Cuando se constituye una sociedad o se decide reforzar su patrimonio, una de las primeras preguntas que suele surgir es qué puede aportar realmente un socio. Aunque muchas operaciones parecen sencillas, la Ley de Sociedades de Capital establece una serie de requisitos cuyo incumplimiento puede generar importantes consecuencias jurídicas.

Cuando se constituye una sociedad o se acuerda ampliar su capital, los socios deben realizar aportaciones que sirvan para dotarla de recursos económicos. La Ley de Sociedades de Capital (LSC) permite aportar dinero, inmuebles, maquinaria, vehículos, acciones, participaciones, patentes, marcas, derechos de crédito y, en general, cualquier bien o derecho que tenga un valor económico y pueda incorporarse al patrimonio de la sociedad.

Lo que no admite la normativa es que las aportaciones consistan únicamente en trabajo, experiencia profesional o prestación de servicios.

• Atención. Un socio puede comprometerse a trabajar para la sociedad, pero ese trabajo no puede formar parte del capital social.

No basta con prometer una aportación

La LSC exige que toda participación o acción esté respaldada por una aportación real. En otras palabras, no es posible crear capital "sobre el papel" sin que exista un patrimonio que efectivamente pase a formar parte de la empresa. Además, las participaciones no pueden emitirse por debajo de su valor nominal, evitando así que el capital social refleje una realidad económica distinta de la existente.

• Atención. El capital social debe responder siempre a aportaciones efectivas y valorables económicamente.

Aportaciones dinerarias

Las aportaciones en dinero son las más habituales. Generalmente se realizan mediante ingreso en una entidad financiera a nombre de la sociedad y su realidad debe acreditarse en el momento de otorgar la escritura correspondiente. Cuando la aportación se efectúa en una moneda distinta del euro, será necesario determinar previamente su equivalencia.

• Atención. Antes de firmar una escritura conviene comprobar que la documentación bancaria cumple todos los requisitos exigidos.

Cuando la aportación consiste en bienes

No siempre se aporta dinero. Es frecuente que un socio entregue un local, una nave industrial, un vehículo, maquinaria, equipos informáticos o incluso una cartera de clientes para incorporarlos a la sociedad. En estos casos resulta imprescindible describir adecuadamente el bien, asignarle un valor económico y, cuando corresponda, identificar sus datos registrales.

Además, quien realiza la aportación responde frente a la sociedad si el bien presenta defectos o si no puede transmitirse correctamente.

• Atención. Valorar incorrectamente un bien puede generar responsabilidades para el socio aportante y para los administradores.

¿Y si se aporta un derecho de crédito o una empresa?

La LSC también permite aportar créditos frente a terceros o incluso una empresa completa. Cuando se aporta un derecho de crédito, el socio responde de su legitimidad y, en determinados casos, de la solvencia del deudor. Si lo que se transmite es un negocio en funcionamiento, la responsabilidad alcanza a aquellos elementos esenciales que permitan continuar normalmente la actividad.

• Atención. Antes de aportar una empresa conviene realizar una revisión jurídica y contable para evitar futuras reclamaciones.

La importancia de la valoración

Uno de los aspectos que más conflictos genera es determinar cuánto vale realmente el bien aportado.

En las sociedades anónimas, como regla general, las aportaciones no dinerarias requieren un informe elaborado por un experto independiente designado por el Registro Mercantil, salvo determinadas excepciones previstas por la ley.

El objetivo es proteger tanto a la sociedad como a los socios y acreedores frente a posibles sobrevaloraciones.

• Atención. Una valoración excesiva puede afectar a la imagen fiel del patrimonio de la sociedad y generar responsabilidades posteriores.

Las aportaciones sociales constituyen uno de los pilares sobre los que se construye cualquier sociedad mercantil. Precisamente por ello, conviene planificarlas adecuadamente y analizar cada operación antes de formalizarla. En este tipo de operaciones, una correcta planificación jurídica desde el inicio suele evitar conflictos societarios, problemas registrales y contingencias futuras tanto para la empresa como para sus socios.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,

Se trata de una aportación que realizan uno o varios socios a favor de la sociedad sin aumentar el capital social y sin generar una deuda que la empresa deba devolver. En otras palabras, el socio entrega recursos a la sociedad para fortalecer sus fondos propios, pero no recibe nuevas participaciones ni nace un derecho de cobro frente a la empresa. Precisamente por ese motivo estas aportaciones se contabilizan directamente en el patrimonio neto.

En muchas pequeñas y medianas empresas llega un momento en el que hace falta reforzar la tesorería. Puede ser para afrontar una inversión, compensar pérdidas, mejorar la solvencia frente a bancos o simplemente disponer de liquidez para continuar creciendo. En estas situaciones es frecuente que los propios socios aporten dinero a la sociedad. Sin embargo, no siempre es necesario acudir a una ampliación de capital ni formalizar un préstamo.

Existe una alternativa mucho más sencilla desde el punto de vista societario y contable: las aportaciones de socios registradas en la cuenta 118 del Plan General de Contabilidad.

Ahora bien, aunque esta operación resulta ágil y flexible, conviene conocer bien su tratamiento fiscal para evitar futuras regularizaciones.

• Atención. Una aportación correctamente contabilizada puede no tener coste fiscal. Sin embargo, un pequeño error en su planteamiento puede terminar tributando en el Impuesto sobre Sociedades.

¿Qué es una aportación de socios a la cuenta 118?

Se trata de una aportación que realizan uno o varios socios a favor de la sociedad sin aumentar el capital social y sin generar una deuda que la empresa deba devolver. En otras palabras, el socio entrega recursos a la sociedad para fortalecer sus fondos propios, pero no recibe nuevas participaciones ni nace un derecho de cobro frente a la empresa.

Precisamente por ese motivo estas aportaciones se contabilizan directamente en el patrimonio neto mediante la cuenta 118 "Aportaciones de socios o propietarios".

Esta fórmula permite mejorar rápidamente la situación financiera de la empresa sin necesidad de escritura pública ni inscripción en el Registro Mercantil, bastando normalmente con el correspondiente acuerdo de la Junta General.

• Atención. No debe confundirse una aportación a la cuenta 118 con un préstamo del socio. Su tratamiento contable y fiscal es completamente diferente.

¿Tributan estas aportaciones?

Como regla general, no. Cuando todos los socios realizan la aportación respetando el porcentaje que poseen en el capital social, la sociedad simplemente incrementa sus fondos propios. En ese supuesto la sociedad no obtiene un ingreso sujeto al Impuesto sobre Sociedades, y el socio aumenta el valor de adquisición de sus participaciones por el importe aportado.

La Dirección General de Tributos (DGT) y el ICAC consideran que estas operaciones no constituyen liberalidades, sino simples movimientos patrimoniales internos destinados a reforzar económicamente la empresa.

• Atención. La neutralidad fiscal solo se mantiene cuando las aportaciones respetan la participación de cada socio.

El problema aparece cuando un socio aporta más que los demás

En la práctica sucede con frecuencia. Un socio dispone de liquidez y decide ayudar a la empresa mientras el resto no puede aportar fondos. Aunque la intención sea salvar la sociedad, fiscalmente la operación cambia. La doctrina administrativa y la reciente jurisprudencia consideran que el exceso aportado sobre la participación que corresponde a ese socio deja de tener el tratamiento de una simple aportación a fondos propios.

Ese exceso puede convertirse en un ingreso sujeto al Impuesto sobre Sociedades para la empresa y, además, no incrementará el valor fiscal de las participaciones del socio aportante, al entenderse que existe una liberalidad respecto del resto de socios.

• Atención. No basta con contabilizar toda la operación en la cuenta 118. También debe analizarse si la aportación respeta la proporcionalidad entre socios.

Ejemplo

Imaginemos una sociedad limitada con dos socios.

• Ana posee el 60 % del capital.
• Javier posee el 40 %.

La empresa necesita 100.000 euros para acometer un proyecto de digitalización.

Escenario 1. Cada socio aporta según su participación

• Ana aporta 60.000 €
• Javier aporta 40.000 €

Resultado

La totalidad de la operación se registra en la cuenta 118. La sociedad incrementa sus fondos propios. No existe ingreso en el Impuesto sobre Sociedades. Cada socio aumenta el valor fiscal de sus participaciones por el importe efectivamente aportado.

Escenario 2. Solo aporta Ana

Ana decide asumir toda la financiación e ingresa los 100.000 €. Javier no aporta cantidad alguna. Desde un punto de vista económico la empresa recibe exactamente el mismo dinero. Sin embargo, fiscalmente la situación cambia.

Como Ana únicamente debía aportar 60.000 € conforme a su participación, los 40.000 € restantes constituyen una aportación no proporcional.

Consecuencias:

• 60.000 € mantienen el tratamiento de aportación a fondos propios.
• 40.000 € pueden considerarse ingreso fiscal para la sociedad.
• Ese importe incrementará la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.
• Para Ana, esos 40.000 € no incrementarán el valor fiscal de su inversión.

Si la sociedad tributa al tipo general del 25 %, ese exceso podría generar aproximadamente 10.000 € adicionales de cuota del Impuesto sobre Sociedades, además de intereses y, en su caso, sanciones si la operación no hubiera sido correctamente declarada.

• Atención. El mismo movimiento de tesorería puede tener un impacto fiscal muy distinto dependiendo de cómo se estructure la aportación.

¿Y si en el futuro se quieren devolver esas aportaciones a los socios?

Una de las ventajas menos conocidas de las aportaciones registradas en la cuenta 118 es que no tienen por qué permanecer indefinidamente en la sociedad. Si la situación económica mejora, es posible acordar su devolución a los socios. Ahora bien, esta devolución no funciona como el reembolso de un préstamo.

Al formar parte de los fondos propios, estas aportaciones tienen la consideración de patrimonio aportado y su restitución debe respetar las normas mercantiles aplicables al reparto de reservas. En consecuencia, la sociedad únicamente podrá acordar su devolución cuando existan reservas distribuibles suficientes y se cumplan las limitaciones previstas en la Ley de Sociedades de Capital para proteger el patrimonio social.

Desde el punto de vista fiscal, la DGT ha equiparado esta devolución al tratamiento previsto para la prima de emisión. Esto significa que, con carácter general, el importe recibido por el socio reduce el valor de adquisición de sus participaciones. Solo si la devolución supera dicho valor, el exceso tributará como rendimiento del capital mobiliario en el caso de personas físicas.

Existe además un aspecto que muchas sociedades pasan por alto. Salvo que los estatutos establezcan otra regla o exista una estructura societaria específica que lo permita, la devolución se distribuye conforme al porcentaje de participación de cada socio, con independencia de quién realizó originalmente las aportaciones. Esto puede provocar situaciones poco deseadas cuando las aportaciones iniciales fueron realizadas únicamente por algunos socios.

• Atención. Antes de realizar aportaciones importantes a la cuenta 118 conviene analizar también cómo se recuperarán en el futuro. Una correcta planificación estatutaria puede evitar conflictos entre socios y consecuencias económicas no previstas.

¿Qué conviene revisar antes de realizar una aportación?

Antes de financiar la empresa mediante la cuenta 118 resulta recomendable comprobar:

• Si todos los socios van a participar en la aportación;
• Si las cantidades respetan el porcentaje de participación;
• Si existe un acuerdo formal de la Junta General;
• Si el tratamiento contable refleja correctamente la operación;
• Y si la operación puede tener consecuencias fiscales para la sociedad o para alguno de los socios.

Una adecuada planificación previa suele evitar ajustes fiscales posteriores mucho más costosos.

Nuestra recomendación

Las aportaciones de socios sin aumento de capital constituyen una herramienta muy útil para reforzar la financiación de la empresa de forma rápida y sencilla. No obstante, conviene analizar previamente cómo va a realizarse la aportación y cuál será su impacto contable y fiscal.

Especialmente cuando no todos los socios aportan en la misma proporción, una revisión previa por parte del asesor puede evitar contingencias tributarias, sanciones y costes innecesarios.

En este tipo de operaciones, la rapidez nunca debería sustituir a una correcta planificación.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,